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El SUIOS es el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales que es un articulado de documentación e información correspondiente a las organizaciones sociales, con el objeto de promover y fortalecer la organización social. El RUOS es el Registro Único de las Organizaciones Sociales que contiene la información actualizada de las organizaciones por parte de las instituciones del Estado que otorguen personería jurídica.

En general pueden ejercer control y por ende requerimientos de información y entrega de documentación a una Organización de la Sociedad Civil, por regla general los siguientes:

• El Ministerio del Ramo ante el cual adquirió la personería jurídica.
• El Servicio de Rentas Internas.
• La Contraloría General del Estado, por un lado cuando la Organización maneje fondos estatales, haya suscrito un contrato con el Estado, y bajo una reforma tributaria, ya que indica la Ley de Régimen Tributario Interno que los valores que el Estado deja de percibir por la exoneración de ingresos constituyen una subvención de carácter público y sujeto a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

El Estatuto aprobado por la Asamblea debe contener al menos lo siguiente:

• Denominación, ámbito de acción y domicilio.
• Alcance territorial
• Fines y Objetivos de la organización.
• Derechos y Obligaciones de los Miembros.
• Estructura de la Organización.
• Forma de elección de dignidades y períodos de tiempo.
• Atribuciones y deberes de los órganos de Administración.
• Forma y época para convocatoria a Asambleas Generales.
• Quorum para instalación y decisorio.
• Mecanismos de inclusión y exclusión de Miembros.
• Reforma de Estatutos.
• Mecanismos de solución de controversias.
• Causales y procedimiento de disolución.

El Acta constitutiva debe contener los siguientes requisitos:

• Nombre de la Organización
• Nombres, apellidos, documento de identidad y nacionalidad de los Miembros.
• Voluntad de los miembros de constituir la organización.
• Objetivos y fines generales de la organización.
• Nómina de la Directiva Provisional.
• Nombres, apellidos y documento de identificación de la persona que realizará el trámite de aprobación.
• Estatutos aprobados por la Asamblea.
• Dirección, teléfono, correo del lugar donde funcionará la organización.

De conformidad con lo que establece el Decreto 739, se debe presentar una solicitud al Ministerio del Ramo, adjuntando el Acta constitutiva, el Estatuto aprobado, copia certificada de los documentos que acrediten el patrimonio o declaración juramentada, y copias de las cédulas y papeletas de votación, o del pasaporte (si es extranjero) o documento de identificación y representación de los Miembros que la constituyen.

Es facultad del Presidente de la República el aprobar la constitución de una fundación o corporación (Artículo 584 del Título XXIX del Código Civil). Sin embargo, por practicidad, esta atribución ha sido delegada a los Ministros de Estado quienes de acuerdo a la materia de que corresponda, podrán aprobar los estatutos y las reformas de las mismas y podrán otorgar la personería jurídica.

Corporación en una persona jurídica de derecho que la conforman personas naturales o jurídicas que busquen el bien común de sus miembros o de un grupo específico de la comunidad. De acuerdo con el Decreto 739 estas pueden ser de tres tipos: Primer Grado: Agrupa a personas naturales con un mínimo de 5 miembros, con un fin delimitado como: Asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y centros. Segundo Grado: Es aquella que agrupa a las de primer grado o personas jurídicas como las federaciones o cámaras. Tercer Grado: Es aquella que agrupa a las de segundo grado como las confederaciones, Uniones nacionales u otras similares.

Fundación es una persona jurídica de derecho privado, en la que una o más personas (naturales o jurídicas) se unen con el fin de desarrollar actividades sin fines de lucro pero con finalidad social o pública. Estas actividades o finalidades pueden ser aspectos relacionados con la filantropía, beneficencia, educación, así como aspectos sociales. Si bien la ley no establece número mínimo de miembros para su existencia, el Decreto 739 que regula a este tipo de entidades si exige que cuente con un Cuerpo Directivo de al menos tres personas.

La figura del despido ineficaz está contenida en el artículo 195.1 del Código del Trabajo y considera ineficaz al despido de trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, así como de dirigentes sindicales en funciones.

Los servicios contables de una empresa se consideran que son servicios que pueden ser considerados complementarios y por lo tanto bien pueden ser contratados a través de la figura de servicios técnicos especializados, que es una relación civil.

El Reglamento Interno de Trabajo no requiere que tenga el patrocinio de un Abogado, sin embargo si es importante que un profesional del Derecho lo revise para que se tenga la menor cantidad de observaciones por parte de la entidad gubernamental que lo aprueba. No, el voluntariado no debe ir en el Reglamento Interno, ya que el voluntariado no genera relación de dependencia, que es el tipo de relación que regula el Reglamento.

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que deben ser apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. En temas de género no existe una normativa que determine un porcentaje mínimo de contratación de mujeres en las empresas. No existe en temas étnicos una ley similar a la de discapacidad que obligue a contratar un personal mínimo de grupos étnicos específicos.

Los contratos en general, salvo que la ley lo exija no deben ser notarizados, y si un contrato que la ley exige que sea por escritura pública no se lo hace de esa manera, pues es nulo y de ningún valor. En el caso de los contratos de servicios técnicos especializados, constantes en el Mandato Constituyente No. 8, en su Reglamento de Aplicación se establece que deben ser reconocidos firma y rúbrica ante un Notario, como un requisito formal de su validez.

Como vimos anteriormente el plazo del contrato laboral va a estar directamente ligado al que dure el proyecto, por lo que si el proyecto dura 18 meses, pues esa será la duración del contrato de trabajo. El principal beneficio es que al tener este tipo de contratación al momento de la terminación del proyecto termina la relación laboral directamente sin necesidad de trámite alguno, existiendo únicamente el pago de la bonificación de desahucio, por lo que al haberse eliminado los contratos a plazo fijo, implica una buena forma de terminación que no implique el pago de indemnizaciones por terminación unilateral (despido).

Una de las últimas reformas laborales nos trae una que refuerza la ya existente figura del contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por el cual uno contrata personal para un cierto proyecto o servicio determinado, y una vez concluida esta labor o actividad para la cual fue contratada, se termina la relación laboral, siendo procedente el pago de la bonificación por desahucio. De tal suerte que el contrato de trabajo suscrito con el trabajador depende en su duración del tiempo que dura el proyecto materia por el que se lo contrató.

El voluntariado no tiene una legislación especial que la regule. Más allá de ser un tipo de visa de residente en el Ecuador, la única referencia legal que se tiene consta de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que en sus Art. 37 y 38 reconoce al voluntariado de acción social y determina que las Organizaciones de la Sociedad Civil suscriban convenios con entidades Estatales a fin de vincular a ciudadanos sin que se genere una relación de dependencia. Por otro lado el Decreto 739 establece la posibilidad de que los Estatutos contengan si se van a dedicar a actividades de voluntariado.

Si bien la Constitución establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles, la acción para ejercerlos si tiene un plazo transcurrido el cual no procede una reclamación laboral. Este plazo es de 3 años contados desde que terminó la relación laboral. Si se excede este tiempo, ya no hay como presentar una acción conducente a algún reclamo de derechos laborales derivados de la relación que se extinguió.

El contrato juvenil es aquel por el cual se vincula a una persona comprendida entre los 18 y 26 años de edad, para impulsar el empleo juvenil en relación de dependencia. El porcentaje mínimo de estos trabajadores será regulado por el Ministerio del Trabajo. Esta nueva contratación no implica la sustitución de trabajadores que estén actualmente en una empresa, sino un incremento del número total de trabajadores estables. La contraprestación que entrega el Estado es que el pago del aporte del empleador a la Seguridad Social del trabajador bajo esta modalidad será cubierto por el Estado si la remuneración es de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador por un año. Este pago procede siempre que el número de contratos juveniles no supere el 20% de la nómina estable de trabajadores de cada empresa.

Hasta la expedición de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, las Organizaciones de la Sociedad Civil no podían mantener pasantes en su Organización. Hoy se pueden contratar pasantes cuya duración de contrato no puede exceder de 6 meses de plazo, se le debe cancelar una remuneración no menor a un tercio del Salario Básico Unificado, y se le debe afiliar al Seguro Social por el valor equivalente a un Salario Básico Unificado, aun cuando no perciba dicha remuneración en su totalidad. El Ministerio del Trabajo establecerá el porcentaje mínimo que las empresas y entidades deberán mantener en su rol de pagos.

La figura del voluntariado no es una figura que esté plenamente regulada en la Legislación laboral ecuatoriana. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en sus artículos 37 y 38 establece que el Estado reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de participación ciudadana. Sin embargo establece que los acuerdos que se realicen entre las organizaciones sociales y las instancias del Estado involucradas para apoyar tareas de voluntariado, constarán en convenios específicos, en los que se establecerá las condiciones de la labor solidaria, sin relación de dependencia. Por otro lado, el Decreto Ejecutivo No. 739 cuando establece los requisitos mínimos de los Estatutos de las Organizaciones Sociales, determina que en los objetivos y fines generales, debe constar si va a realizar actividades de voluntariado. Como vemos, no hay una regulación expresa de esta actividad en la ley, y bien podría por esta falta de normativa, fácilmente ser interpretada como una relación laboral. Por lo que aplicando el art. 38 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, siempre que se vaya a contratar voluntarios, debe preceder un Convenio específico con una entidad estatal determinando en dicho convenio las condiciones específicas de dicho voluntariado.

La contratación de profesionales bajo una figura de relación civil está permitida en nuestra regulación, pero a raíz de la expedición del Mandato Constituyente No. 8 y su Reglamento, de manera sesgada se lo ha tratado de regularizar, bajo la denominación de servicios técnicos especializados, y con la condición de que sean aquellos que no se los requiere de manera permanente en el giro de una empresa, negocio o actividad. De acuerdo con el Reglamento estos contratos deben tener un reconocimiento notarial o judicial de las firmas de quienes comparecen. El elemento primordial que se tiene que recordar es que en este tipo de relación no puede existir subordinación. Es decir no hay horarios, no hay requerimientos de presencia física, no hay sanciones de índole laboral.

El Código de Trabajo nos establece la figura del contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por el cual uno contrata personal para un cierto proyecto o servicio determinado, y una vez concluida esta labor o actividad para la cual fue contratada, se termina la relación laboral, siendo procedente el pago de la bonificación por desahucio. Es importante indicar que en caso de iniciar nuevas obras o servicios, el empleador tendrá la obligación de contratar nuevamente a los trabajadores que hayan prestado sus servicios, dependiendo del número de plazas que requiera y pudiendo escoger a los trabajadores. Si el trabajador no acude al llamado, la obligación de contratarlo para obras futuras queda sin efecto.

Este aspecto se debe tratar desde el punto de vista de quien es el que da por terminada la relación laboral, ya que si es el empleador, o el trabajador son distintas las circunstancias y consecuencias. El empleador puede dar por terminado por visto bueno (por las causas que la Ley y el Reglamento Interno permitan) o por decisión unilateral en cuyo caso se llama despido. En el primer caso, esto es si la Autoridad del Trabajo le concede el visto bueno al empleador, la relación termina, y debe cancelar únicamente los beneficios proporcionales de ley. En el segundo caso, dado que es una decisión unilateral el empleador debe cancelar las indemnizaciones por despido intempestivo y desahucio, además de los beneficios proporcionales de ley. En este caso inclusive existe para ciertos casos la figura del despido ineficaz, que además de obligar a una indemnización establece el retorno al puesto de trabajo. El trabajador también puede dar por terminada la relación laboral, de manera unilateral por renuncia ante lo cual no percibe más que los beneficios proporcionales. A través de desahucio, es decir la notificación con 15 días de antelación de la voluntad de dar por terminada la relación laboral, hecho ante el cual percibe la indemnización por desahucio; y por visto bueno, ante un incumplimiento del empleador, que al ser aceptada por la Autoridad Laboral, equivale a despido y percibe las indemnizaciones por despico y desahucio. Hay un solo caso en que cualquiera de las dos partes puede dar por terminada la relación laboral, y es dentro del término de prueba, sin que esto genera pago de indemnización alguna.

Con las últimas reformas laborales realizadas, los principales y más usuales contratos laborales son los siguientes: a. Expreso o tácito, y el primero escrito o verbal. b. A sueldo, jornal, participación o mixto. c. Por tiempo indefinido, temporada, eventual y ocasional d. Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por tarea y a destajo; y, e. Individual de grupo o por equipo. Aun cuando no es específicamente un tipo de contrato se debe incluir el contrato a prueba.

Es el elemento primordial de una relación laboral, tanto que su sola existencia es suficiente para demostrar la existencia de una. Esta consiste en la facultad del patrono de dar órdenes a sus empleados, de imponerles sanciones, dar instrucciones, según sus necesidades y conveniencias.

Hay una relación laboral cuando una persona en forma voluntaria y personal desarrolla para otra física o jurídica, tareas bajo su dependencia, recibiendo una remuneración por tal servicio. La principal característica de la relación laboral es la subordinación, que la distingue de otras como las de carácter civil.

La ley nos contempla un término de 20 días laborables para impugnar una resolución de la autoridad administrativa tributaria que implique el pago de tributos. No podemos olvidar que si la impugnación es por vía judicial, tenemos que consignar un equivalente al 20% del monto de la obligación determinada, si es que queremos que se suspenda el cobro de la misma.

Nuestro Código Tributario, determina que el responsable es aquella persona que sin ser el contribuyente debe cumplir con obligaciones tributarias, y que toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable. Adicionalmente esta norma legal determina que son responsables por representación los representantes legales, directores, presidentes, gerentes, representantes legales de personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida, los administradores de entes colectivos que carecen de personalidad jurídica y los mandatarios.

La Ley de Fomento en Ecuador, es la ley que rige a los artesanos en nuestro país, y la misma contiene ciertos beneficios para este sector, laborales (exoneración del pago de décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y utilidades para operarios y aprendices), tributarios (facturación con tarifa 0% de IVA, declaración semestral de IVA) , sociales (extensión de la cobertura del Seguro Social al grupo familiar), etc.

La prestación de un servicio o la transferencia de un bien deben estar respaldadas en la emisión de un comprobante de venta válido, de los que el más común es la factura. Si bien el Reglamento de Facturación establece montos sobre los cuales no hace falta emitir factura, en la actualidad todo servicio o transferencia debe estar sustentado en este tipo de comprobante.

Esto va a depender del tipo de reclamación, o del tipo de impuesto, pero en reglas generales se tiene hasta 3 años para presentar una reclamación tributaria, desde que se presentó la declaración o que se realizó el pago indebido.

Las mercaderías procedentes del extranjero, que lleguen al país en calidad de donaciones o socorros en casos de emergencia, se encuentran libres del pago de los derechos de aduana y del IVA, siempre que sean consignadas a Fundaciones o Corporaciones sin fines de lucro.

El IVA que paguen en la adquisición local o importación de bienes o en la demanda de servicios las personas jurídicas de derecho privado que hayan sido designadas ejecutoras en convenios internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de organismos multilaterales tales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo BID será reintegrado sin intereses en un tiempo no mayor a 30 días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque o transferencia bancaria. El Servicio de Rentas Internas deberá devolver el IVA pagado contra la presentación formal de la declaración del representante legal, siempre que las importaciones o adquisiciones locales de bienes o servicios se realicen con cargo a los fondos provenientes de tales convenios o créditos para cumplir los propósitos expresados en dichos instrumentos; y, que éstos se encuentren registrados previamente en el Servicio de Rentas Internas.

Todo servicio que prestan las Organizaciones de la Sociedad Civil está gravados con IVA ya que su exoneración tributaria se refiere exclusivamente al impuesto a la renta. De manera general sus actividades gravan IVA con tarifa 12% (temporalmente 14% hasta Junio del 2017) y ciertas actividades gravan con IVA 0%. Un aspecto particular es el caso de los servicios prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción, sindicatos y similares que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas. Si estas son iguales o menores a 1.500 dólares al año gravan IVA 0%, y si superan este valor al año entonces gravan tarifa 12% (temporalmente 14%).

Como toda sociedad, las Organizaciones sin fines de lucro están obligadas a llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita.

Las donaciones de terceros o de los propios Miembros pueden provenir de aportes o legados en dinero o en especie, como bienes y voluntariados, provenientes de los miembros, fundadores u otros, como los de cooperación no reembolsable, y de la contraprestación de servicios. El voluntariado, es decir, la prestación de servicios lícitos y personales sin que de por medio exista una remuneración, podrá ser valorado por la institución sin fin de lucro que se beneficie del mismo, para cuyo efecto deberá considerar criterios técnicos y para el correspondiente registro, respetar principios contables, dentro de los parámetros promedio que existan en el mercado para remuneraciones u honorarios según el caso. Es importante que siempre este tipo de contraprestación conste por escrito. La transferencia a título gratuito de bienes incorporales o de derechos intangibles también podrá ser valorada, conforme criterios técnicos o circunstancias de mercado. También el comodato de bienes inmuebles otorgado mediante escritura pública, por períodos superiores a 15 años, será valorado conforme los criterios técnicos establecidos la reglamentación tributaria. Las donaciones anteriormente señaladas, no generan ingreso ni causan efecto tributario alguno, por lo que no dan lugar al surgimiento de obligaciones tributarias, sin embargo las organizaciones, deberán tener un soporte documental que justifique de manera efectiva, los aportes o donaciones que hayan recibido.

La Organización que por incumplimiento no se benefició de la exoneración tributaria en un determinado período fiscal, puede volver a hacer uso de este beneficio. Para ello en el siguiente período fiscal debe cumplir con todos los requisitos que la ley le establece, sin que para ello sea necesario presentar petición alguna a la Administración Tributaria.

En caso de que el Servicio de Rentas Internas llegue a determinar que en un ejercicio fiscal ha tenido lugar el incumplimiento de las obligaciones no aplicará la exoneración tributaria para dicho período fiscal, y por ende la Organización deberá determinar y liquidar el impuesto a la renta correspondiente.

De acuerdo con lo que dispone el numeral 5 del Artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, para fines de determinación y liquidación del impuesto a la renta, los ingresos de las Instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas se consideran exentos. Esta exención se da siempre que los bienes e ingresos de la Organización se destine a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. Es indispensable que las Organizaciones se encuentren inscritas en el Registro Unico de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario.

• Exoneración Tributaria de los ingresos de las Organizaciones de la Sociedad Civil

  De acuerdo con lo que dispone el numeral 5 del Artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, para fines de determinación y liquidación del impuesto a la renta, los ingresos de las Instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas se consideran exentos. Esta exención se da siempre que los bienes e ingresos de la Organización se destine a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. Es indispensable que las Organizaciones se encuentren inscritas en el Registro Unico de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario.

• Se puede perder esta exención sobre los ingresos.

  En caso de que el Servicio de Rentas Internas llegue a determinar que en un ejercicio fiscal ha tenido lugar el incumplimiento de las obligaciones no aplicará la exoneración tributaria para dicho período fiscal, y por ende la Organización deberá determinar y liquidar el impuesto a la renta correspondiente.

• Se puede recuperar la exoneración sobre estos ingresos.

  La Organización que por incumplimiento no se benefició de la exoneración tributaria en un determinado período fiscal, puede volver a hacer uso de este beneficio. Para ello en el siguiente período fiscal debe cumplir con todos los requisitos que la ley le establece, sin que para ello sea necesario presentar petición alguna a la Administración Tributaria.

• Que ingresos pueden tener las organizaciones.

  Las donaciones de terceros o de los propios Miembros pueden provenir de aportes o legados en dinero o en especie, como bienes y voluntariados, provenientes de los miembros, fundadores u otros, como los de cooperación no reembolsable, y de la contraprestación de servicios. El voluntariado, es decir, la prestación de servicios lícitos y personales sin que de por medio exista una remuneración, podrá ser valorado por la institución sin fin de lucro que se beneficie del mismo, para cuyo efecto deberá considerar criterios técnicos y para el correspondiente registro, respetar principios contables, dentro de los parámetros promedio que existan en el mercado para remuneraciones u honorarios según el caso. Es importante que siempre este tipo de contraprestación conste por escrito. La transferencia a título gratuito de bienes incorporales o de derechos intangibles también podrá ser valorada, conforme criterios técnicos o circunstancias de mercado. También el comodato de bienes inmuebles otorgado mediante escritura pública, por períodos superiores a 15 años, será valorado conforme los criterios técnicos establecidos la reglamentación tributaria. Las donaciones anteriormente señaladas, no generan ingreso ni causan efecto tributario alguno, por lo que no dan lugar al surgimiento de obligaciones tributarias, sin embargo las organizaciones, deberán tener un soporte documental que justifique de manera efectiva, los aportes o donaciones que hayan recibido.

• Las Organizaciones están obligadas a llevar contabilidad.

  Como toda sociedad, las Organizaciones sin fines de lucro están obligadas a llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita.

• Servicios que prestan las Organizaciones están gravadas con IVA.

  Todo servicio que prestan las Organizaciones de la Sociedad Civil está gravados con IVA ya que su exoneración tributaria se refiere exclusivamente al impuesto a la renta. De manera general sus actividades gravan IVA con tarifa 12% (temporalmente 14% hasta Junio del 2017) y ciertas actividades gravan con IVA 0%. Un aspecto particular es el caso de los servicios prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción, sindicatos y similares que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas. Si estas son iguales o menores a 1.500 dólares al año gravan IVA 0%, y si superan este valor al año entonces gravan tarifa 12% (temporalmente 14%).

• Casos en los que las Organizaciones pueden solicitar devolución de IVA.

  El IVA que paguen en la adquisición local o importación de bienes o en la demanda de servicios las personas jurídicas de derecho privado que hayan sido designadas ejecutoras en convenios internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de organismos multilaterales tales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo BID será reintegrado sin intereses en un tiempo no mayor a 30 días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque o transferencia bancaria. El Servicio de Rentas Internas deberá devolver el IVA pagado contra la presentación formal de la declaración del representante legal, siempre que las importaciones o adquisiciones locales de bienes o servicios se realicen con cargo a los fondos provenientes de tales convenios o créditos para cumplir los propósitos expresados en dichos instrumentos; y, que éstos se encuentren registrados previamente en el Servicio de Rentas Internas.

• Tratamiento arancelario aplicable a mercaderías que lleguen como donación o socorro.

  Las mercaderías procedentes del extranjero, que lleguen al país en calidad de donaciones o socorros en casos de emergencia, se encuentran libres del pago de los derechos de aduana y del IVA, siempre que sean consignadas a Fundaciones o Corporaciones sin fines de lucro.

• ¿Cuanto tiempo tengo para presentar la reclamación de impuestos de mi organización?

  Esto va a depender del tipo de reclamación, o del tipo de impuesto, pero en reglas generales se tiene hasta 3 años para presentar una reclamación tributaria, desde que se presentó la declaración o que se realizó el pago indebido.

• ¿Cuando las personas deben facturar?

  La prestación de un servicio o la transferencia de un bien deben estar respaldadas en la emisión de un comprobante de venta válido, de los que el más común es la factura. Si bien el Reglamento de Facturación establece montos sobre los cuales no hace falta emitir factura, en la actualidad todo servicio o transferencia debe estar sustentado en este tipo de comprobante.

• ¿Qué pasa con los artesanos, qué leyes les rigen?

  La Ley de Fomento en Ecuador, es la ley que rige a los artesanos en nuestro país, y la misma contiene ciertos beneficios para este sector, laborales (exoneración del pago de décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y utilidades para operarios y aprendices), tributarios (facturación con tarifa 0% de IVA, declaración semestral de IVA) , sociales (extensión de la cobertura del Seguro Social al grupo familiar), etc.

• ¿En materia tributaria el representante legal es corresponsable del cumplimiento del pago de tributos?

  Nuestro Código Tributario, determina que el responsable es aquella persona que sin ser el contribuyente debe cumplir con obligaciones tributarias, y que toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable. Adicionalmente esta norma legal determina que son responsables por representación los representantes legales, directores, presidentes, gerentes, representantes legales de personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida, los administradores de entes colectivos que carecen de personalidad jurídica y los mandatarios.

• ¿En materia tributaria que plazo tengo para interponer una impugnación de una determinación de impuestos?

  La ley nos contempla un término de 20 días laborables para impugnar una resolución de la autoridad administrativa tributaria que implique el pago de tributos. No podemos olvidar que si la impugnación es por vía judicial, tenemos que consignar un equivalente al 20% del monto de la obligación determinada, si es que queremos que se suspenda el cobro de la misma.

La franquicia es la transferencia a título oneroso (normalmente) de un negocio que incluye el conocimiento de cómo se realizan las actividades (know how), la forma del manejo y características del negocio (show how) y el uso de signos distintivos de propiedad del dueño original del mismo que se denomina franquiciante. Normalmente se suscribe un contrato que contiene todas las especificaciones y licencias de uso conferidas y se entregan las capacitaciones necesarias para implementar el negocio. Este contrato no es uno de aquellos que esté determinado específicamente en la ley ecuatoriana, pero existe abundante casuística de ejemplos que se han dado en el Ecuador.

Una marca de producto o de servicio puede ser registrada por una persona natural sin problema alguno, así como por una persona jurídica. El trámite hoy en día se lo realiza vía electrónica a través del portal del IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) previo el pago de una tasa oficial de USD $ 208 por cada registro y en cada clase internacional que se lo realice. La clase internacional es una clasificación internacional que divide a los productos en servicios y los categoriza.

Procedimiento monitorio es aquel al que se acude para el cobro de una obligación que no supere los 50 salarios básicos unificados y que no conste la deuda de un título ejecutivo (letra de cambio, pagaré) y que consiste en que el Juez confiere 15 días al deudor para pagar o que presente excepciones y hay una audiencia en la que se define quien tiene la razón.

Un procedimiento sumario es aquel en el cual las partes en una sola audiencia definen los puntos en conflicto, las pruebas a ser aportadas y el Juez resuelve en la misma audiencia. A este tipo de procedimiento acceden las controversias relacionadas a acciones de domino (linderos, despojo violento, etc), el divorcio por causa, el juicio de alimentos, y las demandas laborales.

El procedimiento ordinario es aquel al que debemos acudir en todos los casos que la ley no determine un procedimiento específico para cada caso. En este procedimiento cada parte presenta por escrito sus aspiraciones y pruebas y existen dos audiencias, una en la cual ante el Juez se define y determinan los puntos en debate y las pruebas aceptadas, y la segunda en la cual se practican las pruebas y el Juez resuelve.

Desde la vigencia del Código Orgánico General de Procesos COGEP los procedimientos en Ecuador han cambiado a un sistema casi mayoritariamente oral. Este procedimiento contempla entre los principales tipos el ordinario, el sumario, el monitorio, el voluntario y el de ejecución, entre otros.

La letra de cambio es un título ejecutivo que hoy se lo cobra vía un procedimiento oral establecido en el nuevo Código Orgánico General de Procesos y el Código de Comercio establece una prescripción de cinco años en general contado desde el vencimiento del plazo de la letra de cambio para el ejercicio de la acción de cobro.

En esta circunstancia se me ingresa al registro de contratistas fallidos, y por tanto estoy prohibido de contratar con ninguna entidad estatal por cinco años, prohibición que de manera extensiva incluye a representantes legales. Adicionalmente se ejecutan las garantías y la entidad estatal puede demandar daños y perjuicios.

Las garantías de buen uso de anticipo y fiel cumplimiento de contrato deben ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, renovables automáticamente y vigentes hasta la terminación del contrato.